El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Ecuador) expresa su solidaridad con las y los líderes sociales, defensores ambientales, comunidades y organizaciones que trabajan incansablemente en la protección de los derechos humanos, los territorios y la naturaleza. Reconocemos su fundamental labor en la construcción de sociedades más justas, sostenibles y democráticas.Lamentamos la situación crítica en la que se encuentra el país, la creciente violencia y la falta de diálogo.

De igual manera lamentamos, el inicio de procesos legales y medidas financieras extraordinarias contra más de 50 líderes sociales, defensoras y defensores. Belén Páez, por ejemplo, presidenta de la Fundación Pachamama ha decicado más de 30 años a la protección de la Amazonía y las nacionalidades indígenas amazónicas. Su labor ha sido fundamental para promover la acción climática y las alianzas en pro de la salud de los bosques y las comunidades que habitan en ellos. El año pasado, Belén fue reconocida con el prestigioso premio Thomas E. Lovejoy creado por organizaciones internacionales de alto prestigio como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), The Nature Concervacy (TNC), Conservation International (CI), Wildlife Conservation Society (WCS) y World Wildlife Fund-US (WWF-US). Este premio reconoce a líderes globales que encarnan los valores de la ciencia, la colaboración y el profundo respeto por la naturaleza.

En línea de lo anterior, las normas y políticas públicas deben construirse para fortalecer a las organizaciones sociales, no para dificultar su labor. Por ello, resulta imprescindible que se diseñen con un entendimiento profundo de las realidades locales que buscan regular. Hacerlo de otra manera puede afectar a organizaciones que cumplen un rol esencial para la sociedad.

A su vez, recordamos la responsabilidad del Estado en garantizar la vida, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos; en concordancia con los estándares internacionales, incluyendo instrumentos como el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, ratificado por Ecuador en el año 2020. Este instrumento no solo protege a defensoras y defensores, sino también a periodistas, investigadores y a todas las personas que desde distintas capacidades contribuyen a la protección de la naturaleza.

Hacemos un llamado a todas las partes a detener cualquier acto de violencia, el uso excesivo de la fuerza, la criminalización y la incitación al odio, recordando que el camino hacia soluciones sostenibles debe construirse desde las bases del respeto, dignidad e inclusión.

Invocamos a las autoridades competentes a abrir canales de diálogo efectivos y transparentes con los diferentes actores de la sociedad y a escuchar con atención las necesidades y propuestas de Pueblos y Nacionalidades, comunidades campesinas y colectivos. Las decisiones que se tomen deben considerar las distintas condiciones de la población, especialmente de aquellas personas y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad. Participar y ser parte de las decisiones que afectan su vida es un derecho fundamental; por lo que el diálogo constituye el recurso más valioso en sociedades democráticas.

Hacemos un llamado por la reconciliación nacional y la construcción conjunta de un modelo de desarrollo que permita vivir en armonía con la naturaleza, generar ingresos de manera sostenible y garantizar políticas y servicios públicos justos y responsables. Así se podrá avanzar a una democracia que protege la vida, respeta los derechos y responde a las necesidades de la población en equilibrio con el planeta.