La UE le saca tarjeta amarilla al Ecuador. ¿Podemos trabajar juntos y mirar esto como una oportunidad?

Posted on 5 November 2019

Artículo de opinión: Pablo Guerrero, director Programa Marino WWF-Ecuador.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INN), es una de las principales barreras para tener pesquerías legales y sostenibles alrededor del mundo. Dicha actividad, que es un delito ambiental, contribuye a la sobre explotación de las poblaciones (stocks) de peces ya que mina la recuperación de sus poblaciones, así como también de los ecosistemas marinos pues los lesiona severamente y pone a los pescadores legales en franca desventaja. Además, afecta negativamente la economía y el bienestar social de las comunidades pesqueras, particularmente de aquellas de países en desarrollo, en donde existe una fuerte dependencia de los recursos pesqueros como fuente de alimento y de ingresos.

Estudios han estimado que las pérdidas globales por la pesca ilegal oscilan en un rango de entre 10 y 23 billones de dólares por año. Así mismo, se estima que entre 11 y 26 millones de toneladas anuales son capturadas de manera ilegal.¹

Desde enero del 2010 entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea (UE) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN. Dicho Reglamento, tiene por objeto prevenir que producto pesquero proveniente de la pesca ilegal, ingrese al mercado de la UE. El reglamento tiene tres componentes principales: 1) Esquema de documentación de captura, 2) Proceso de tarjetas a terceros países, 3) Penalidades a nacionales de la UE.

El proceso de tarjetas a terceros países le permite a la UE entablar un diálogo con países que no pertenecen a ese organismo de integración económica, que luego de haber sido evaluados, muestran que no están haciendo esfuerzos suficientes para combatir la pesca INN de manera efectiva. En caso de que estos terceros países fallan en poner en práctica reformas para combatir la pesca ilegal, se puede llegar a imponer sanciones que incluyen prohibiciones comerciales a sus productos pesqueros.

La tarjeta amarilla recibida por el Ecuador el pasado 30 de octubre, significa una advertencia pues en el marco del diálogo entre las partes, la UE encontró evidencia de fallos en los esquemas de administración. Los fallos identificados incluyen: i) un marco legal obsoleto que no se ajusta a las normas internacionales y regionales aplicables a la conservación y buena gestión de los recursos pesqueros. La aplicación de la ley se ve obstaculizada por este marco jurídico que, por ser obsoleto, no tiene efecto disuasorio entre los usuarios, ii) Existen deficiencias en términos de control, especialmente en la actividad de la pesca del atún y de las industrias de transformación. Dicha deficiencia socava la fiabilidad del sistema para identificar el origen (trazabilidad), en el que se basa la certificación de la legalidad de las capturas.

Ahora el país tiene seis meses –que pudieran ser prorrogados– para mostrar reformas sustanciales que permitan taclear las falencias identificadas. Si las reformas no se llevan a cabo en la forma y en los tiempos adecuados, entonces se podría recibir una tarjeta roja, siendo este un asunto muy serio ya que se impondrían sanciones comerciales que impediría que se exporten nuestros productos pesqueros a ese importante mercado. En el año 2018, Ecuador capturó 663 mil toneladas de productos pesqueros, 80% de lo cual, fue exportado a diversos mercados, generando un total de USD $ 1,600 millones de dólares por concepto de exportaciones.²

WWF considera que esta puede ser una oportunidad para introducir cambios positivos en los esquemas de administración pesquera del Ecuador. El país debe actualizar su ley de Pesca para que esta sea un moderno instrumento de gestión que garantice la conservación de los recursos y la sostenibilidad de las pesquerías para beneficio de las generaciones presentes y futuras de ecuatorianos. El anterior es un tema que entra en el campo estrictamente político, ya que al momento un borrador presentado por el Ministerio de la Producción se encuentra siendo analizado en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Creemos que es hora de que el sector público y privado, trabaje en equipo para acelerar el proceso de revisión de este importante marco normativo que tanta falta le hace al Ecuador.

Afirmamos que esta llamada de atención debería ser vista como una oportunidad, ya que a propósito de la misma, el país podría desarrollar e implementar modernos sistemas de monitoreo y reporte electrónico que son mucho más eficientes que los tradicionales –que están basados en observadores humanos y bitácoras de pesca de papel. WWF ha trabajado en proyectos dentro y fuera del país, tanto con modernos sistemas de cámaras abordo en barcos cerqueros de la República de Ghana, y con bitácoras electrónicas con la flota arrastrera de camarón pomada. En ambos casos, el uso de la tecnología permitió aumentar la disponibilidad y precisión de los datos pesqueros y combatir, de esa manera, la pesca INN.

Adicionalmente, WWF en coordinación con el Ministerio de la Producción y el sector privado, está por empezar un proyecto que por un lado diseñará un sistema de trazabilidad para el recurso dorado en Ecuador, y por otro, implementará un proyecto piloto de trazabilidad para dicha pesquería –la más importante desde el punto de vista socio económico para los pescadores artesanales del país.

Finalmente, WWF también ha apoyado un proceso participativo tendiente a diseñar un Plan de Acción Nacional para la conservación y manejo del atún en Ecuador. Dicho proceso, liderado por el Ministerio de la Producción en coordinación y con el soporte del sector privado, ha durado un tiempo bastante considerable, ya que ha contemplado una serie de consultas con todos los actores de la cadena de valor de esta pesquería. Se espera que el Plan, una vez adoptado como política pública nacional, sirva para establecer el marco estratégico para la gestión del recurso pesquero más importante del Ecuador, y ¿por qué no? para levantar la tarjeta amarilla recientemente impuesta por la UE.

Otro asunto importante para el país, es el proceso de actualización de su Plan de Acción Nacional para la conservación de los tiburones. Se prevé que dicho proceso, liderado también por el Ministerio de la Producción con apoyo del sector privado y de WWF, pueda ser concluido a finales del presente año, una vez que las autoridades le den el visto bueno y lo adopten también como política pública.

Estos son unos pocos ejemplos del compromiso de WWF para apoyar una buena gestión de los recursos pesqueros que sostienen los medios de vida de decenas de miles de personas y contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de nuestro país. Nuestra visión incluye asegurar la viabilidad a largo plazo de los diversos stocks de peces, manteniendo a la par un ecosistema sano y protegiendo la rica biodiversidad marina. Creemos que esta visión puede ser construida mediante acciones prácticas y el diálogo constructivo con las empresas pesqueras, las comunidades pesqueras, la comunidad científica y el gobierno nacional.

[1] Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, Beddington JR, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004570
[1] https://camaradepesqueria.ec/

Pesaje de Dorados en Manta - Ecuador

Mujeres trabajando en línea de producción de enlatadora Manta